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| La ley 13021 que dispone sobre el ejercicio y la fiscalización de las actividades farmacéuticas, fue sancionada por la presidente Dilma Rousseff y publicada en la edición extra del Diario Oficial de la Unión. El texto rige las acciones y servicios de asistencia farmacéutica ejecutados, aislados o conjuntamente, en carácter permanente o eventual, por personas físicas o jurídicas de derecho público o privado. El texto cita, por ejemplo, las exigencias para el funcionamiento de las farmacias y la clasificación “dentro del concepto de asistencia farmacéutica, que las farmacias de cualquier naturaleza requieren, obligatoriamente, para su funcionamiento, la responsabilidad y asistencia técnica de farmacéutica habilitado en forma legal”. El farmacéutico y el propietario de los establecimientos farmacéuticos actuarán siempre solidariamente, “realizando todos los esfuerzos para promover el uso racional de los medicamentos”, cita la ley. Queda establecido, además, que el propietario de la farmacia no podrá desautorizar o no considerar las directivas técnicas emitidas por el farmacéutico, y que es responsabilidad del establecimiento proveer condiciones adecuadas al perfecto desarrollo de las actividades profesionales del farmacéutico. En caso de baja del profesional farmacéutico, los establecimientos están obligados a contratar a un nuevo profesional, en un plazo máximo de 30 días. En relación al texto aprobado en el Congreso y enviado al Planalto, fueron vetados algunos artículos, como el que establecía sólo a las farmacias la posibilidad de “dispensar medicamentos, cosméticos con indicaciones terapéuticas, fórmulas magistrales, generales y farmacopeicas y productos fitoterápicos”. La privada de Dilma explicó la razón del veto, citando que “las restricciones podrían colocar en riesgo a la asistencia farmacéutica para poblaciones de distintas regiones del País, sobre todo las localidades más aisladas. Asimismo, el texto utiliza el concepto de “cosméticos con indicaciones terapéuticas”, que no existe en nuestra legislación sanitaria y podría generar dudas en cuanto al alcance de su aplicación”. El texto original también preveía que las nuevas reglas entrarían inmediatamente en vigor, pero eso fue vetado. El sector tendrá 45 días para la adaptación a la nueva ley.Fuente: O Estado de Sao Paulo – Brasil |