Mediante la publicación del Decreto 122/2026, el Poder Ejecutivo oficializó la incorporación más de 200 nuevas sustancias consideradas estupefacientes al registro de drogas controladas y amplió de esta manera el alcance normativo sobre el control de drogas y sustancias psicoactivas en el país.
La medida incorporó al listado oficial un total de 254 nuevas sustancias, entre las que se encuentran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semi-sintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.
El procedimiento para la actualización partió de un análisis técnico elaborado por especialistas de la Dirección Nacional de Precursores Químicos y del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos del país y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur. Asimismo, se fundamentó en el artículo 77 del Código Penal y en la Ley 23.737, que establecen el régimen penal de los delitos vinculados a estupefacientes y psicotrópicos.
De acuerdo con el decreto publicado, el criterio central para la inclusión de nuevas sustancias se apoyó en la verificación de su circulación efectiva dentro del territorio nacional, constatada por procedimientos judiciales y datos del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), puesto en vigencia en abril de 2023.
Al respecto remarcaron que la decisión se apoyó también en la evidencia aportada por “organismos internacionales especializados en el monitoreo global de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), entre los que se destacan la Agencia Europea de Drogas (EUDA), el Programa Global SMART de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los informes técnicos de la Administración de Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos de América y las notificaciones remitidas por los Estados miembros a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)”.
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