| Se trata de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, oficializada la semana pasada, y que agrupará a los más de 30 establecimientos estatales del país. |
 |
La Anlap tendrá bajo su tutela a los más de 30 laboratorios públicos existentes, 12 de los cuales tienen capacidad de producción. Todos ellos dependen de distintas jurisdicciones. Por citar sólo algunos casos, hay un laboratorio municipal en Rosario; otro en la provincia de San Luis; en la Universidad Nacional de Córdoba; en Río Negro, y un laboratorio de productos biológicos que depende de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. La información de todos ellos se concentrará en la agencia y de allí se sacarán los números de producción, costos y precios.
La agencia compartirá con el CONICET todos los detalles en materia de controles de calidad y cubrirá patologías que los privados no priorizan, como el caso de las medicinas para combatir el mal de Chagas.
La flamante normativa establece además que la agencia “será asistida por un comité consultivo que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a política pública de producción, investigación y desarrollo de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos”. Dicho comité estará integrado, “con carácter ad honórem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de reconocida trayectoria, integrantes de la multisectorial por la producción pública de medicamentos, y representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), del Conicet, del Consejo Interuniversitario Nacional, de los sindicatos, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales”.
Asimismo, la normativa hace eje en la necesidad de “promover las inversiones tendientes a ampliar la capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de los laboratorios de producción pública que adhieran a la presente ley”. Obliga además a una inversión determinada según las necesidades del sector, considerando que el Estado es quien dirá qué medicamentos deben producirse de acuerdo a las necesidades de la población.
Fuente: Tiempo Argentino