NOTA DESTACADA DE CORREO FARMACÉUTICO:
El 6 de abril los farmacéuticos rionegrinos se enteraron a través de las redes sociales que el propio gobernador Alberto Weretilneck había tomado en sus manos la desregulación de la actividad. Alejandra Fanloo, presidenta del Colegio de la provincia, sostiene que esta avanzada, que responde al lobby de grandes capitales, va a terminar con la red sanitaria que consolidó la Ley 4438, que logró la instalación de farmacias en las zonas más alejadas y despobladas. El proyecto de reforma del Ejecutivo, que cuenta con la firma de todos los ministros, se tratará en forma acelerada antes de fin de abril. Podría ser el primer caso de una cadena de avances desregulatorios en el país.

Río Negro es una provincia de fuertes contrastes. En sus 203.013 km², extendidos desde el Este al Oeste del país, hay grandes ciudades como S. C. de Bariloche, Regina, General Roca y Viedma, y pueblitos muy pequeños en la Línea Sur, la meseta patagónica y la Cordillera.
En la provincia ejercen 371 farmacéuticos y hay 278 farmacias instaladas incluso en parajes alejados como Contralmirante Cordero (2.300 habitantes), Fuerte San Javier (2.100 habitantes) y Sierra Grande (7.500 habitantes).
Ese modelo está hoy bajo la amenaza concreta de un proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica, que presentó, sorpresivamente y bajo una modalidad singular, el gobernador Alberto Weretilneck con la firma de todos sus ministros, incluso el de Salud.
El proyecto que moderniza la actividad farmacéutica y dejó afuera a los farmacéuticos
“Nos enteramos a través de las redes sociales que el Poder Ejecutivo estaba presentando un proyecto que modifica nuestra ley actual, la N° 4438”, cuenta Alejandra Fanloo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.
El proyecto del Ejecutivo “permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos”.
Según publicó el propio gobernador “desde ahora se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”.
Además, un mismo farmacéutico podrá estar al frente de más de un establecimiento.
Junto con esos cuestionados artículos, el proyecto plantea otros puntos con los que el propio Colegio de Farmacéuticos acuerda, ya que son de actualización. Por ejemplo, la obligatoriedad de la receta electrónica. “Eso todavía no estaba vigente en nuestra provincia. También se incluye el sistema de telefarmacia. El envío a domicilio estaría regulado. Cada farmacia debería armar un sistema de envío a domicilio. No obstante, este proyecto no establece límites, o sea, hasta dónde se puede enviar desde una farmacia o desde una droguería. No está establecido hasta dónde controla el farmacéutico ese envío.
Nosotros desde el año pasado venimos solicitando al Ministerio de Salud tener una reunión para ver estas cuestiones que había que actualizar de la ley. La ley se había hecho hace varios años y algunos puntos tenían que modificarse. Uno de ellos eran las recetas electrónicas y cómo adherirnos a la Ley Nacional, cómo poner en funcionamiento todo el sistema de respaldo de los libros de psicotrópicos digitales. También una modificación para que tuviéramos una reglamentación más específica sobre las buenas prácticas de preparación de fórmulas magistrales.
Nunca nos recibieron para poder trabajar esta modificación entre ambas partes”.
-¿Se están presentando en la provincia proyectos de regulatorios en otras áreas?
-No así. Esto es un cambio total de paradigma. Y en el medio está la salud de la población, porque el medicamento no es un producto más, es una necesidad y está contemplado en nuestra Constitución Provincial como un bien social.
-¿Por qué el gobierno provincial tomó este tema en este momento? ¿Qué intereses están detrás de este proyecto?
-Si uno lee el proyecto de ley puede ver que está tomando la desregulación que plantea el modelo del gobierno nacional. El tema es que nosotros aquí en la provincia nunca tuvimos este tipo de desregulación. Y sobre todo en profesiones de salud.
Lo que vemos es que hay algunos grupos que han entrado a la provincia con un fuerte poder económico y que obviamente están cambiando varios rubros. En Viedma se instaló Simplicity. En el Alto Valle está predominando una empresa denominada Global Fresh, que ha comprado muchas chacras, está manejando la agricultura y también tiene una cadena de farmacias en Neuquén.
Lo que entendemos es que si lo que se propone es que vengan grandes capitales a invertir en la provincia, respeten lo establecido por las regulaciones ya existentes, el modelo sanitario que tenemos hasta el presente. Nuestras leyes deben velar por la salud pública.
Y el farmacéutico tiene que tener independencia para tomar decisiones según su criterio profesional y no tener que actuar de acuerdo a lo que sus jefes le indican.
Hoy en lo que respecta a la propiedad, tenemos siempre la participación del farmacéutico. Con respecto a la distancia entre farmacias, en la ley actual tenemos establecido que cuando las localidades tienen hasta 10.000 habitantes, debe haber una distancia mínima de 200 metros y cuando es una ciudad de más de 10. 000 habitantes, la distancia debe ser de 400 metros. El objetivo es hacer que las farmacias no se concentren en los centros urbanos, donde es más rentable, sino que se distribuyan en todo el territorio de la provincia.
-¿Cuáles serían las consecuencias directas, el impacto en la actividad en Río Negro de aprobarse este proyecto?
-El mayor impacto va a ser en el cuidado de la salud en la gente. Este proyecto desregula la instalación y el traslado de farmacias. Entonces, las que están en localidades chiquitas o en los barrios más lejanos, en los que obviamente no hay mucha circulación de gente o hay más inseguridad que en otros lugares, van a migrar hacia los centros urbanos, hacia los lugares más rentables y van a tener que competir con las grandes cadenas.
-¿Qué perspectivas hay de que a fin de mes avance este proyecto?
-Tiene muchas chances de ser aprobado porque se presenta desde el Ejecutivo y tiene la firma de todos los ministros de la provincia.
Un proyecto con esas características tiene un proceso abreviado de debate según la Constitución provincial, tiene una sola vuelta dentro de la Legislatura. No se va a someter a la opinión pública, a los diversos sectores interesados.
-¿El ministro de Salud de la provincia se expresó sobre este tema?
-No.

-El proyecto de desregulación fue difundido por el propio gobernador en los medios. ¿Cuál es la reacción de la opinión pública?
-La sociedad está muy dividida. Hay gente que piensa que va a ser mejor que vengan las grandes cadenas, porque obviamente el lobby del gobierno está difundiendo que va a haber más acceso y mejores precios porque va a venir la competencia. Eso no va a pasar porque en los lugares donde ocurrió la desregulación ya sabemos que esto no pasó, pasó todo lo contrario y se rompió toda la red de farmacias comunitarias.
-¿La jurisprudencia del fallo de la Corte Suprema en el caso Farmacity podría hacer retroceder este este intento de la regulación? ¿Ustedes lo van a judicializar?
-Sí, en este momento estamos trabajando para intentar que los legisladores nos escuchen y poder seguir conservando el modelo sanitario que teníamos hasta ahora y que el proyecto salga sólo con las modificaciones que corresponden a receta electrónica, etc. Pero no tenemos mucho tiempo, esto se va a tratar entre el 27 y el 30 de abril.
Evidentemente si sale de la forma que está armado, va en contra de todo lo que nuestra Constitución sostiene sobre el medicamento como bien social, sí, obviamente que lo vamos a hacer.

-¿Cómo es la situación de las fuerzas políticas dentro de la legislatura?
-El Ejecutivo tiene mayoría en la Cámara. Pero la decisión también depende de las alianzas que se hagan entre los otros bloques.
-¿Considera que esto puede llegar a ser el primer caso de una cadena de avances desregulatorios en el país?
-Probablemente sí. Esperemos que las provincias tomen conciencia y sigan protegiendo la salud de las de las personas y también las profesiones de la salud. El farmacéutico, sobre todo en los pueblos chicos, en los barrios, es el primer profesional sanitario al que recurre el paciente cuando necesita atención. Esta función de agente sanitario es la que se está viendo comprometida.
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