La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Organización Médica Colegial (OMC) y de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) para establecer acciones e iniciativas conjuntas en beneficio del colectivo sanitario de Instituciones Penitenciarias.
En este encuentro participaron Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC; José Miguel Antolín, secretario de la SESP; Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH; Gloria Hervás, miembro del Grupo de Relaciones Laborales de la SESP; Miriam Celdrán, farmacéutica de Instituciones Penitenciarias y miembro de la SEFH; Mª José Dalama, gerente de la SEFH, y Xosé Manuel Rey, de la asesoría jurídica de la SEFH.
Desde la SEFH se reclamó que es necesaria la instauración de servicios de farmacia legalmente dirigidos por farmacéuticos especialistas en Farmacia Hospitalaria, o depósito de medicamentos en todos los centros penitenciarios. Esta petición se basa en que la prestación farmacéutica ofrecida en dichos centros incluye especialidades de uso hospitalario (especialmente antivirales para tratamientos de hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana -VIH-), fármacos sujetos a especial control médico, medicamentos de diagnóstico hospitalario, antipsicóticos, psicótropos y estupefacientes.
Por parte de la OMC, Hoyos afirmó que “las irregularidades en la prestación farmacéutica en los centros penitenciarios es algo que se viene arrastrando desde siempre y que ha sido desoído por la Administración Penitenciaria. Es otra consecuencia del incumplimiento de los dictámenes legislativos de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2003 que establecen que la Sanidad Penitenciaria debe estar integrada en el SNS. Dicha integración supondría la aplicación de las normativas comunitarias en materia de Farmacia a los centros penitenciarios como un dispositivo más de salud y acabaría con las graves irregularidades que se dan en la actualidad”.
Antolín, desde la SESP, insistió en la necesidad de legalizar todos los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos de los diferentes centros penitenciarios y de disponer de facultativos especialistas al frente de los mismos. Por otra parte, comentó la necesidad “de que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, según recoge la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS”. La SEFH apuesta por el modelo aprobado en el País Vasco, en el que se ha realizado la trasferencia completa de competencias en materia de sanidad penitenciaria, el cual integra dicho ámbito en la sanidad autonómica, de forma que se facilita la continuidad asistencial de los internos.
Por último, Antolín destacó la importancia que para todos los profesionales que pertenecen a los servicios médicos de las penitenciarías tiene la realización y publicación de estudios científicos independientes de los llevados a cabo y publicados por la Administración Penitenciaria y que, en el momento actual, cuentan con el veto de la referida administración.
Fuente: Correo Farmacéutico – España