El presidente Mauricio Macri vetó la Ley de Trombofilia que había aprobado recientemente el Congreso y que había recibido cuestionamientos por parte de algunos sectores de la salud. La idea de la normativa era promover la detección temprana de este trastorno que puede causar complicaciones gestacionales, como reiterados abortos tempranos y también muerte fetal intrauterina.
El veto de la ley 27.335 se publicó hoy en el Boletín Oficial y entre los fundamentos, el decreto indica que dicha ley “se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada”. Y añade que sobre la trombofilia “existe un amplio conocimiento de los profesionales médicos (ginecólogos, obstetras y hematólogos), tanto de la metodología de estudio y tratamiento de personas con antecedentes de trombosis, como del contexto de la investigación causal de pérdidas de embarazos”.
Una de las voces que habían salido a cuestionar la norma era la del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), que hace pocos días había difundido un comunicado en el que afirmaba que “las sociedades científicas no fueron consultadas para asesorar sobre el tema y que, por lo tanto, la ley tiene graves fallas conceptuales y peligrosas consecuencias”. Este grupo sostenía que “estudiar ‘a todos’ no redunda en una eficaz prevención” y que “dado el alto costo de los estudios se generarán innecesarias erogaciones al sistema de salud”.
El veto presidencial argumenta que “el estudio temprano, aun en edad pre fértil y fértil en mujeres asintomáticas, no sólo no se encuentra recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales, sino que está expresamente desaconsejado”. A su vez, recuerda que “la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
El decreto también recoge las críticas que recibió la ley tanto de la CAHT como de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) y afirma que coincide con la visión del Ministerio de Salud.
Sin embargo, desde la organización Trombofilia y Embarazo, que impulsó y apoyó esta ley, afirmaban que la intención “no es confrontar con ninguna sociedad médica” sino darle “un marco legal al tema para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento”.
A través de un comunicado firmado por el Grupo CAHT, los especialistas señalaron algunos de los errores que tiene la nueva norma: en principio, criticaron que considera a “la trombofilia como una enfermedad cuando es un factor de riesgo” y que, según ellos, por esto, “con la ley se asignará el rótulo de ‘enfermas’ a personas sanas y asintomáticas”. A su vez, remarcaron que “obliga a la realización indiscriminada de estudios en mujeres jóvenes y sanas, sin ninguna evidencia científica que lo avale, en directa oposición al conocimiento actual sobre el tema”. Y agregaron que esto derivará en muchas mujeres con resultados positivos“sin que esto signifique mayor predisposición a una enfermedad” por lo que “se indicará tratamiento con heparina (un inyectable con el que se trata a las embarazadas) en más del 50% de las mujeres estudiadas”.
Según Andrea Rossi, presidenta del Grupo CAHT y jefa de hematología de la Fundación Favaloro, “es el médico el que debe evaluar en cada caso si es necesario hacer este estudio o no”, teniendo en cuenta que es una alteración “infrecuente” y que “los resultados no son inocuos”. “De 100 personas, 50 recibirán un diagnóstico positivo y esto no significa que vayan a tener una trombosis o perder un embarazo. Sin embargo, ese resultado tendrá un impacto psicológico en laque lo reciba”, explicó Rossi y remarcóque “no está probado con trabajos científicos que la medicación, que además es costosa, sirva en el tratamiento de embarazadas”. Por último,resaltó que, contrario a lo que algunos creen, “los pacientes no se benefician con esto” e “indirectamente, resulta ventajoso para los laboratorios y la industria farmacéutica”.
Consultada por Clarín, Ianina Castro, que forma parte de la organización Trombofilia y Embarazo, afirmó que su intención “no es confrontar con ninguna sociedad médica” sino darle “un marco legal al tema para avanzar en la investigación y garantizar el diagnóstico precoz y la igualdad de acceso a los estudios y el tratamiento”. Ella fue diagnosticada de trombofilia hereditaria luego de perder a una beba en el sexto mes de gestación. “Este trastorno de la coagulación puede derivar en que el bebé en gestación se alimente muy poco o no llegue a alimentarse. Mi primera hija nació con bajo peso pero, en aquel momento, no encontramos el motivo. Mi segundo embarazo, que avanzaba normalmente, derivó en una cesárea de urgencia porque mi beba se dejó de mover. Me hubiese gustado tener antes el diagnóstico”, dice Ianina que, con la ley, pretende evitar que otras pasen por lo mismo. “No puede ser que haya que perder varios embarazos para que te hagan el estudio”, sigue y explica que su idea es que “cuando una mujer vaya a su primera consulta ginecológica se le mande a hacer este análisispara que, si tiene trombofilia, pueda realizar un seguimiento con un hematólogo”, sumó.
El senador del FpV, Juan Manuel Abal Medina, que impulsó el proyecto en la Cámara alta, sostuvo al respecto que “si bien uno entiende que se cuestiona el costo, creemos que en este caso es bueno que el Estado tenga un papel activo para garantizar el derecho al diagnóstico, teniendo en cuenta que hay mujeres que descubren que tienen trombofilia después de perder varios embarazos y algunas que nunca se enteran”. A su vez, remarcó que “cuando se armó el proyecto en diputados tuvo asesoramiento médico” y que las sociedades científicas también podránhacer su aporte “al momento de la reglamentación”.