Un tercio de la población de América latina que dejó de ser pobre entre 2003 y 2015 podría volver a serlo, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado ayer en la ciudad de Panamá. Más de 220 millones de personas (2 de cada 5 latinoamericanos) viven justo por encima de la pobreza, pero no pueden ser considerados de clase media y se encuentran en vulnerabilidad. En tanto, uno de cada tres latinoamericanos son considerados ultra-vulnerables. Es decir que la pérdida del empleo, una catástrofe climática o un problema de salud pueden retrotraerlos a su situación anterior.
El estudio “Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso”, es una nueva versión del Indice de Desarrollo Humano (IDH) y efectúa una medición de la pobreza que no sólo considera los indicadores económicos clásicos como el ingreso o el PBI per cápita, sino que toma en cuenta los niveles de acceso a educación, salud, calidad del empleo y grado de protección social, entre otros. Según este concepto “nada que disminuya los derechos de las personas o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso”.
El informe, presentado por Jessica Faieta y George Gray, directora y economista jefe del PNUD América latina, respectivamente, destaca que “el crecimiento económico por sí mismo no alcanza para reducir la pobreza, y aquello que hace que las personas dejen de ser pobres es distinto a lo que previene volver a serlo”.
Entre 2003 y 2013, 72 millones de personas dejaron de ser pobres y 94 millones entraron a la clase media en América latina. En Argentina, 64% de las personas en situación de pobreza lograron salir de ese estado, y un 5% de quienes estaban en vulnerabilidad o pertenecían a la clase media, cayeron en la pobreza. Sin embargo, a partir de 2009 hubo una desaceleración, y a partir de 2015 una reversión de esa tendencia. Según el IDH, el promedio anual de latinoamericanos que salieron de la pobreza fue de 8 millones entre 2003 y 2008 y de 5 millones al año entre 2009 y 2014. A partir de 2015, aumentó el número absoluto de pobres, por primera vez.
En la década pasada, el mercado laboral y la educación fueron los motores para el progreso. Sin embargo, hoy se requiere de políticas públicas de nueva generación: protección social, sistemas de cuidado para los niños y ancianos (lo que facilita que las mujeres puedan dedicar su tiempo a un trabajo remunerado); acceso a activos físicos y financieros (un auto, casa propia, cuenta en el banco que actúan como colchones ante una crisis), y calificación profesional. Estos elementos son claves para absorber shocks y prevenir retrocesos, especialmente en períodos de estancamiento económico como el actual.
Proteger lo logrado
La informalidad laboral en América latina es un freno al progreso socio-económico. Más de la mitad de los 300 millones de trabajadores de la región son asalariados en microempresas de menos de cinco personas, autoempleados sin calificación, o no perciben ingresos. Asimismo, un 70% de las 50 millones de pequeñas y medianas empresas son informales y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región fueron en el sector servicios, que tiene baja productividad y altas tasas de informalidad.
Además, los subsidios y pensiones, que explicaron cerca del 30% de la reducción de la desigualdad de ingresos desde 2002, han encontrado un techo. En algunos países, la carga tributaria se ha revertido, y la presión fiscal que soportan los pobres, basada en impuestos regresivos como el IVA, suele anular los beneficios de los subsidios. Mejorar la efectividad y progresividad del sistema fiscal es un desafío urgente para la región.
Dentro de los grupos de vulnerabilidad, las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGTB tienen un menor acceso a oportunidades laborales y de progreso económico. Por esto requieren de políticas específicas de discriminación positiva (ley de cupos) y medidas de protección social que ayuden a cerrar la brecha.
Para favorecer la promoción social, el PNUD promueve, más allá de la canasta básica de bienes y servicios, una canasta de resiliencia (que ayuda a enfrentar crisis económicas sin caer en la pobreza), y una de sostenibilidad que incluye el bienestar, sin comprometer al medioambiente.
“Los retos de un desarrollo sostenible no se terminan al alcanzar un determinado nivel de ingresos”, advirtió el economista George Gray al presentar su informe. El desafío para América latina es no retroceder en los logros alcanzados, y promover activamente un mayor bienestar.
Fuente: El Cronista Comercial