Cinco de los nueve magistrados de la más alta instancia judicial del país estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma no demostraron “un riesgo sustancial de sufrimiento” en el caso de la utilización del midazolam, un ansiolítico para dejar inconsciente al condenado antes de administrarle el producto letal, informó AFP.
El más alto tribunal estadounidense concluyó que este método respetaba la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos “crueles e inusuales”.
“Los presos no identificaron un método de ejecución alternativo disponible que implique un riesgo de sufrimiento significativamente menor”, dijo el juez Samuel Alito al leer la decisión de la mayoría del Supremo.
La decisión constituye un revés para los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos, el único país occidental que aún aplica este castigo máximo.
“Es difícil imaginarse qué puede ser más cruel o más inusual que una muerte prolongada”, dijo Diann Rust-Tierney, directora de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte.
En el caso de Oklahoma decidido el lunes, los abogados de los condenados a muerte en el estado Richard Glossip, John M. Grant y Benjamin R. Cole preguntaron si la incertidumbre médica en torno a los efectos de las drogas letales empleadas en la entidad violaba la Octava Enmienda.
Los opositores a la pena de muerte han manifestado que el hecho de que en Oklahoma se use el fármaco midazolam no evita el dolor y el sufrimiento. El fallo de la Suprema Corte se da a poco más de un año de la prolongada ejecución de Clayton Lockett, quien murió 43 minutos después de que funcionarios carcelarios de Oklahoma batallaran para encontrar una vena en la cual poder inyectarle las drogas.
A partir del 2011, varios estados, entre ellos Texas, han tenido que luchar por los fármacos legales mientras los activistas que están contra la pena de muerte modificaban sus estrategias y empezaban a presionar a los fabricantes de las medicinas que los penales estadounidenses usan en las ejecuciones.
Primero, Hospira Inc. anunció que dejaría de surtir la droga pentotal sódico a raíz de que su planta italiana rehusó fabricarlo debido a su uso en las cámaras de ejecución. Luego, el fabricante danés del pentobarbital anunció que restringiría la distribución del fármaco a fin de mantenerlo fuera las cárceles estadounidenses.
Después de emplear por décadas un coctel de tres medicamentos conformado por pentotal sódico, bromuro de pancurorio y cloruro de potasio en las ejecuciones, el Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ, por sus siglas en inglés) modificó en el 2011 su protocolo cuando los fabricantes de la droga suspendieron sus envíos. Eventualmente, Texas abandonó la fórmula de tres medicamentos, optando por uno solo: el pentobarbital.
Clark, el vocero de la instancia carcelaria, insiste en que los funcionarios texanos continuarán usando pentobarbital y por el momento no tienen planes de cambiarlo. En el 2013, funcionarios carcelarios estatales de Texas tuvieron que recurrir al pentobarbital combinado en laboratorios boticarios —lugares donde pueden prepararse dosis pequeñas de fármacos destinados a un uso específico. Lo anterior se debió a que al TDCJ se le agotó su suministro manufacturado de pentobarbital días antes de la ejecución de Micahel Yowell, condenado por asesinar en 1998 a sus padres.
Desde entonces, en Texas y otras entidades se han empleado los fármacos letales mezclados. Pero en Texas los detalles en torno a la potencia de las drogas y quién las está surtiendo se han mantenido fuera del conocimiento del público a partir del 2013, luego de que un farmacéutico de la región de Houston acusada al TDCJ de no cumplir un convenio previo en el cual se especificaba que su participación en el proceso de ejecución se “mantendría muy discreta”.