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La firma Farmashop anunció que llevará al Estado uruguayo ante tribunales internacionales debido a que un decreto que regula el mercado de los medicamentos lesiona sus derechos. Pocas horas después de conocerse la noticia, fuentes gubernamentales informaron a El Observador que desde hace tiempo se trabaja en la modificación de dicho decreto y que los cambios evitarán una demanda. Hace dos meses que se discute en el gobierno la modificación del decreto que impide los oligopolios en la industria de los medicamentos y se cree que algunos aspectos a ser cambiados pueden evitar el arbitraje internacional que Farmashop anunció ayer que iniciará contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, informaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador. El decreto firmado el 18 de noviembre de 2013 por el presidente José Mujica establece que una misma persona o grupo económico no puede superar la cantidad de 15 farmacias y tiene como cometido evitar la concentración. Las únicas dos cadenas de farmacias que superan esta cifra son Farmashop y San Roque. La primera, que pertenece al grupo inversor Linzor Capital Partners, accionistas también de Pagnifique, cuenta con 92 locales y desde que se conoció el decreto anunció que evaluaría la posibilidad de iniciar acciones legales contra el gobierno por considerar que se cambiaban las reglas de juego. Ayer en un comunicado, Farmashop anunció que, asesorada por los estudios de abogados americanos –Latham & Watkins y de Marval O’Farrell Mairal–, iniciará acciones legales contra el Estado uruguayo por entender que el decreto viola la Constitución, además de las leyes del sector farmacéutico y las de libre competencia. Los inversores, que en Uruguay serán asesorados por el estudio Ferrere, afirman que la medida del gobierno afectó su plan de inversiones y sus operaciones. Las fuentes del gobierno consultadas señalaron que si bien aún no está claro si se modificará la cifra de concentración de farmacias, sí se cree que otros aspectos a ser cambiados podrían evitar el juicio internacional. Se aseguró que la modificación del decreto se promulgará en breve. Además, se adelantó que hace tiempo que la cancillería comunicó a Farmashop que no tiene jurisdicción para llevar el caso al Ciadi. Fuente: El Observador – Uruguay |