Hace cuatro meses que los 3.100 farmacéuticos de Catalunya no cobran del Servei Català de la Salut (CatSalut) las facturas de los medicamentos con receta pública que han dispensado, y que previamente han pagado. Aunque no es un sector dado a la protesta pública, ya que todos son propietarios de sus propios negocios, el ahogo progresivo en que se sienten atrapados por varios flancos económicos les está llevando a proponer acciones insólitas e impensables para ellos hace apenas cuatro años. Cerrar todos los jueves, hasta que la Generalitat les garantice que cobrarán de forma regular, o bien no abrir las puertas durante una semana, son dos de las propuestas que anoche debatían en el Palau de Congressos de Barcelona, en un ambiente más abatido que crispado.
«Entre los impagos de la Generalitat y las continuas rebajas en el precio de los medicamentos que marca el Ministerio de Sanidad, van a acabar con las farmacias -se lamentaba Josep Lluís, farmacéutico de Ciutat Vella-. Nosotros estamos financiando al Gobierno los medicamentos que toma la población». Josep Lluís subsiste gracias a un crédito bancario que, «por si las cosas», solicitó hace tres años.
Desde hace una semana, decenas de farmacéuticos catalanes han ido enviando a sus colegios profesionales las ideas de protesta que anoche debatieron y la próxima semana aprobarán. Salir en manifestación, una protesta que siempre vieron en las antípodas de su talante, fue otra de las propuestas más oídas. Muchos, tal vez la mayoría, volvieron a plantear la medida que resultaría más perjudicial para los usuarios: dejar de dispensar los medicamentos con receta pública, o pedir a sus clientes que les paguen el 100% del precio y pidan el coste al CatSalut.
Sin perjudicar al ciudadano
«Hacer eso es lo que nos pide el cuerpo, pero no vamos a aprobar ninguna medida que perjudique a los ciudadanos -dijo una portavoz del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (CFB)-. Tampoco aceptaremos acciones de protesta que nos sitúen fuera de la ley». De hecho, dejar de servir los medicamentos sujetos a receta electrónica, es decir, interrumpir el servidor informático que enlaza a las farmacias con los médicos de familia y con el CatSalut, supondría incumplir la ley de servicios sanitarios, un acto que, según los juristas del CFB, podría suponer el encarcelamiento de su presidente.
Estaban preocupados. «Yo no le veo futuro a nuestra situación», dijo una farmacéutica de Sabadell. «Y lo malo es que no sé en qué sector encontraría trabajo. A mi edad, ¿dónde busco?» «En 34 años de profesión, nunca me había visto tan mal -comentó su amiga, también farmacéutica de Sabadell-. Me sigue preocupando atender bien a mis clientes, y procuro cuidarlos porque eso ya lo llevo en la sangre. Pero no llego a fin de mes». De ellas fue la propuesta de demandar al CatSalut por impago e incumplimiento de sus obligaciones, y reclamar intereses por los meses que aún no han cobrado. «Hemos hipotecado el local y nuestras casas, ¿qué más nos va a pasar?» lamentó una compañera de Terrassa.
Cuatro meses sin cobrar, repetía la propietaria de la farmacia Aguilar, del Eixample barcelonés. «A finales de marzo, serán cinco meses, porque no nos creemos que paguen el día 30 como han dicho», añadió. «No dispensar sería una buena medida, pero la mayoría de mis clientes son gente mayor y lo más probable es que dejaran de medicarse -reflexionó-. La insulina es muy cara y no la pagarían».
Nadie mostró esperanza. Están convencidos de que si en el pasado las cosas les fueron bien, ese tiempo no volverá. «Es posible que hayamos vivido una época en la que nos ganábamos bien la vida -dijo Josep Lluís, muy triste-. Nosotros damos un valor añadido al servicio, intentamos ayudar a los usuarios y eso se nos compensó. Ahora nos estamos ahogando».