La futura ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno podría acabar con la reserva exclusiva de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia al farmacéutico, si bien estos profesionales seguirían siendo los únicos capacitados para dirigir estos establecimientos.
La futura ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno podría acabar con la reserva exclusiva de propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia al farmacéutico, si bien estos profesionales seguirían siendo los únicos capacitados para dirigir estos establecimientos.
Así se desprende de un documento de trabajo del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el anteproyecto de la norma que prepara el Ejecutivo para, entre otras cuestiones, actualizar las reservas de actividad competencial del Estado y “reducirlas a las estrictamente justificadas”.
Esta medida afecta a ingenieros, arquitectos, abogados, procuradores y farmacéuticos. Sobre estos últimos, el citado documento establece que estos profesionales deben mantener la reserva exclusiva de la dirección de las oficinas de farmacia, con el objetivo de “garantizar la protección de la salud pública y la correcta dispensación de medicamentos“.
Sin embargo, plantea la supresión de la reserva exclusiva de estos profesionales para la propiedad y titularidad de estos establecimientos, así como de la producción y conservación de medicamentos, lo que, según argumentan, “favorecería a profesiones como físicos o biólogos”.
Ante esta posible modificación normativa, fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por Europa Press han asegurado que defenderán el actual modelo de farmacia ya que, según apuntan, “ha garantizado la profesionalidad y una atención sanitaria al servicio del paciente por encima de otros intereses”.
Además, como han añadido, ha permitido “avanzar en el buen uso de los medicamentos, así como en la adherencia terapéutica de los pacientes crónicos o polimedicados”.
Por otro lado, y también en el marco del anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, Economía aboga por mantener la colegiación obligatoria para el acceso a esta profesión, así como para todas aquellas profesiones sanitarias (médico, dentistas, enfermeros, fisioterapeutas, veterinarios, podólogos y óptico-optometristas), “también para el ejercicio en el ámbito de la sanidad pública si hay contacto directo con el usuario”.
Fuente: EuropaPress