Los sindicatos aguardan para esta semana con más alivio la publicación de una resolución que, según prometen en el Gobierno, agilizará los pagos de reintegros y eliminará las restricciones que había impuesto una norma que debió ser suspendida. Se trata de los cambios comprometidos a la Resolución 1.200 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que tras haber sido frenada por las quejas de todos los sectores gremiales debería volver a regir esta semana, y que en definitiva será reemplazada por otra negociada con la CGT oficialista.
En silencio, los equipos técnicos de esa central obrera se reunieron en las últimas semanas con la superintendente, Liliana Korenfeld. Aunque todavía discuten sobre la implementación de los futuros reembolsos a las obras sociales, ambas partes acordaron que la nueva resolución eliminará dos postulados de la 1200: el que establecía que los pagos desde el Ejecutivo no serían obligatorios sino sujetos a «disponibilidades presupuestarias y razones de oportunidad, mérito y conveniencia», y otro que de manera implícita representaba una renuncia a las deudas que cada organización le reclama al Estado por fondos no distribuidos.
Los cambios prometidos en el esquema de pagos a las obras sociales son el último ítem de la agenda pendiente del Gobierno con los sindicatos afines. Zanjado a medias el reclamo por Ganancias con la exención dispuesta sobre el gravamen para el medio aguinaldo de fin de año, los dirigentes alineados con Antonio Caló sólo esperan un llamado de Cristina de Kirchner para antes de fin de año. Como informó este diario, la expectativa para ese encuentro está basada en el eventual anuncio de una reformulación completa de Ganancias para el año que viene.
La Resolución 1200 disparó en octubre una agria respuesta por parte de todos los sectores gremiales. Mientras Hugo Moyano denunció públicamente que el Gobierno intentaba poner fin a los reintegros por tratamientos de discapacidad y los prestadores realizaban -con la asistencia del gastronómico Luis Barrionuevo- una manifestación en las puertas de la Superintendencia, José Luis Lingeri y varios técnicos de la CGT oficial intentaron convencer a Korenfeld de que la norma se tornaría inaceptable.
Entre los puntos en discusión se encontraban anexos que -como advirtieron sindicalistas y reconocieron funcionarios- parecían direccionados a la contratación de tratamientos y adquisición de medicamentos a prestadores determinados. En esa línea las miradas fueron apuntadas al titular del PAMI, Luciano Di Césare, señalado como supuesto autor intelectual de los ejes de la 1200.
En la Superintendencia reconocieron que varios puntos de la normativa se prestaban a confusiones y dijeron que serán subsanados en el texto pronto a ser publicado en el Boletín Oficial. De no concretarse esa publicación esta semana, el organismo deberá prorrogar la suspensión de la 1200.
Los debates entre funcionarios y sindicalistas todavía no encontraron un punto de acuerdo: se trata del sistema informático que debería agilizar el pago de reintegros. Meses atrás, el Gobierno dispuso la absorción de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo encargado de esos desembolsos, por parte de la Superintendencia. Los dirigentes al tanto de la negociación dijeron que Korenfeld puso técnicos de su entera confianza -mencionan a un familiar directo- a cargo del área de informática, que durante años estuvo dominada por gente de Moyano.
El debate gira en torno de los $ 1.400 millones de presupuesto anual de la APE (hoy incluido en el de la SSS) y en la deuda por reembolsos que los gremialistas denuncian respecto de los expedientes presentados en 2011 y 2010. Y en última instancia, también se discute por el Fondo Solidario de Redistribución, que nutre la APE y la SSS con una porción de los aportes de las obras sociales sindicales, y que en los últimos años llegó a acumular cerca de 20.000 millones de pesos.
