La Federación Farmacéutica Internacional destacó esta semana en su newsletter mensual la defensa que está realizando la COFA del modelo sanitario de farmacia en la provincia de Río Negro.
La entidad, que representa a más de 5,5 millones de farmacéuticos a través de 160 organizaciones nacionales miembros, publicó: “La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) respaldó a los farmacéuticos de Río Negro que defienden un modelo de farmacia de salud pública frente a los intereses comerciales en el debate sobre la propuesta de reforma regulatoria. Expresaron su preocupación por un proyecto de ley provincial que busca modificar la regulación farmacéutica, advirtiendo que podría socavar el acceso seguro a los medicamentos. Afirmaron que los medicamentos son un bien social y que las farmacias son establecimientos de salud que garantizan la dispensación segura y la orientación profesional. La CoFA advirtió que la desregulación podría concentrar las farmacias en áreas rentables y reducir la cobertura en regiones desatendidas, perjudicando la salud pública. Apoyaron la modernización, incluyendo las recetas electrónicas, pero pidieron reformas que preserven el modelo centrado en la salud. Citaron fallos judiciales que confirman que las farmacias son parte del sistema de salud y requieren supervisión”.
En la nota linkea también la publicación en las redes sociales de la COFA de la solicitada firmada por la Farm. Alejandra Fanloo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro:
Solicitada del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro “Cuidar el acceso a los medicamentos es cuidar la salud pública”
Ante el inminente tratamiento del proyecto de ley que propone modificar la regulación de la actividad farmacéutica en la provincia de Rio Negro, este Colegio de Farmacéuticos desea expresar su preocupación desde una perspectiva centrada en la salud de la población.
El medicamento no es una mercancía cualquiera. Nuestra Constitución provincial lo reconoce como un bien social básico y fundamental, lo que implica que su acceso, calidad y uso deben estar garantizados bajo criterios sanitarios y no exclusivamente comerciales.
La farmacia no es un comercio sino un establecimiento sanitario, un espacio de cercanía donde la comunidad consulta, inicia tratamientos, controla su salud, accede a vacunación, recibe orientación profesional. El rol del farmacéutico resulta esencial para asegurar el uso seguro y racional de los medicamentos, evitando riesgos asociados a su consumo inadecuado.
El modelo vigente ha permitido, a lo largo de los años, una cobertura homogénea y equitativa de atención farmacéutica en toda la provincia, garantizando la presencia de farmacias en distintos barrios y localidades, incluso en aquellas donde la rentabilidad económica no sería suficiente para sostenerlas bajo una lógica de mercado.
Si bien el proyecto propone mejorar la competencia y el acceso, este tipo de medidas no siempre logra esos objetivos y puede debilitar el control sanitario en la dispensa de medicamentos. En salud pública, la eficiencia no puede medirse solo en términos económicos, sino en calidad, seguridad y equidad. Las experiencias de desregulación muestran resultados preocupantes: concentración de farmacias en zonas de alta rentabilidad, debilitamiento de la atención profesional y una creciente tendencia a considerar al medicamento como un bien de consumo. Las empresas, en su lógica comercial, tienden a ubicarse en áreas densamente pobladas, dejando sin cobertura adecuada a amplios sectores de la población y los precios de medicamentos no disminuyen, porque las farmacias no somos formadoras de precios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara en este punto: la farmacia es parte del sistema de salud y el medicamento, por su impacto en la salud, requiere un control profesional y estatal adecuado. También señaló que la farmacia es inescindible del farmacéutico, cuya presencia es una garantía para la comunidad. En ese sentido destacó que las reglas sobre quién puede ser titular de una farmacia no son arbitrarias, sino que buscan asegurar un servicio seguro y de calidad, protegiendo la salud de la población (CSJN, “Farmacity”, 2021). En la misma línea, la justicia federal en una resolución reciente advirtió sobre los riesgos sanitarios que pueden generar procesos de desregulación en esta actividad (CCAF, «Cofa», 2025).
Estamos a favor de la modernización. Entendemos que los avances tecnológicos, como la receta electrónica, ampliamente promovida por el sector farmacéutico y organizacionales pueden y deben incorporarse. Pero cualquier reforma debe ser compatible con el carácter del medicamento como bien social y con la protección efectiva del derecho a la salud.
Asimismo, preocupa que un tema de esta trascendencia, en un ámbito tan sensible como la salud pública, sea tratado en un contexto de urgencia, sin los espacios adecuados de debate y participación social que la propia Constitución provincial promueve. Más aún cuando está en juego un cambio de enfoque: de un modelo sanitario orientado a la prevención, el acompañamiento y la mejora de la calidad de vida, hacia esquemas que pueden priorizar lógicas de mercado. Estas decisiones requieren un análisis amplio y responsable por su impacto en la salud de la población.
Defender el actual modelo no implica sostener intereses sectoriales, sino proteger un sistema que garantiza acceso equitativo, seguridad en la dispensa y presencia de servicios farmacéuticos en toda la provincia.
Porque, en definitiva, no está en juego un mercado: está en juego la salud de la población.
Alejandra Fanloo | Presidente – Colegio de Farmacéuticos de Río Negro